Argumentos legaloides

El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó formalmente el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por medio del cual, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hubiera quedado obligada a fungir como patrón sustituto de los 16 mil 599 trabajadores que quedaron sin empleo y sin dinero tras la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC). Lo que los inconformes demandaban es nada menos que TRABAJO. Sí, TRABAJO; lo digo por aquellos que todavía se atreven a descalificarlos como “revoltosos y güevones”.

Del mismo modo, y como homenaje a la total ignominia, tras la declaración de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del IFE; quiero decir, aquella en que afirma —previo “análisis”— que mientras la Coalición Compromiso por México, cuyo aspirante presidencial fue Enrique Peña Nieto, gastó $241, 815, 461. 39; el Movimiento Progresista, cuyo candidato fue Andrés Manuel López Obrador, gastó $370, 543, 083. 36; lo que, según la entidad señalada, significa que el único candidato que rebasó los topes en gastos de campaña fue Obrador.

¿Con qué argucias y argumentos se sostienen una y otra infamia? Se trata de la libre interpretación que los encargados de la “justicia” hacen con las “leyes” y, no menos, de la ambigüedad de las mismas. Así pasa con todo; los derechos humanos están al servicio de los grandes magnates del narcotráfico, de los presos incómodos de cuya liberación dependerían ciertas posibilidades de negociar ciertas cosas —piénsese, por ejemplo, en la recién liberada Cassez—. A los indígenas, los pobres, los periodistas verdaderamente comprometidos, los luchadores sociales, los estudiantes y trabajadores indignados, no se les aplican igual esos “derechos humanos”, como si los humanos fueran esos pocos que tienen la posibilidad de comprar sus garantías individuales, y como si los otros, los de a pie, no fueran humanas personas.

Anatole France decía que “la justicia de un hombre es injusticia para otro”. ¡Cuánta razón tenía!  ¿Qué hubiera pasado si el favorito de la narco-televisora hubiera sido AMLO?, ¿Qué hubiera pasado si estos ex trabajadores de la CLyFC hubieran tenido unos cuantos millones para comprar a los jueces y magistrados? Ni AMLO gastó de más en su campaña ni la SCJN tiene razón al argumentar que “a pesar de que pertenecía a la Administración Públicas Federal la CLyFC no podrá ser considerara como una subordinada del Poder Ejecutivo, por lo que no puede aplicar la figura del patrón sustituto” ya que, según ellos, los “organismos descentralizados son entes públicos con personalidad jurídica propia y aunque forman parte de la Administración Pública Federal no significa que el Poder Ejecutivo sea su patrón”. ¡Abrase oído semejante estupidez! Si lo dicho fuera verdad, ¿quién era el patrón de la CLyFC?, ¿a qué instancia acudir?, ¿quién despidió legalmente a los trabajadores?

Las pocas entrañas quedan a la vista cuando se piensa en que lo que se pide es un TRABAJO que ha sido arrebatado, un sustento que alimenta a familias enteras: mujeres, hombres, ancianos y niños. No tiene razón el que niega al hombre la dignidad del sustento. No existe el estado de derecho cuando se viola el derecho a al alimento, a la vida, a la dignidad. ¿A quién se juzga duro?, ¿a quiénes se criminaliza?, ¿bajo cuáles argumentos?, ¿quién imparte la justicia?, ¿a quiénes protegen las leyes?, ¿de qué se espera que vivan estas personas en adelante?

Un sistema pútrido y corrupto se ríe de nosotros los ciudadanos cuando cree que no recordamos que AMLO viajaba en una camioneta durante su campaña mientras Peña lo hacía en aviones privados de lujo; unos vendidos y bandidos jueces se carcajean cínicamente cuando son capaces de desentenderse de 16 mil 599 trabajadores y sus familias. Compra la justicia quien tiene con qué hacerlo, lo demás son argumentos legaloides, manipulación mediática, conveniente indiferencia.

Des Consuelo.