Disculpe las molestias

A escasos veinte días de la jornada electoral en la que se consumó uno más de los fraudes que acosan la historia de México, con todo lo que ha sucedido, lo que está en juego es un asunto de principios: más que de legalidad, de legitimidad; más que de fondo, de forma.

            Andrés Manuel López Obrador insiste en agotar las instancias legales; una tras otra, las instituciones fallan a favor de quien le apostó a la trampa: están hechas para servir al poder, por eso no sorprende. ¿De qué sirve, entonces, acudir a lo legal?, nos preguntamos los desencantados, perdiendo cada batalla ante el júbilo de quienes, conociendo el sistema y sus vericuetos, nos han dicho una y otra vez que dejemos de “quejarnos”.

            En principio, aunque no basta, agotar las instancias legales es más que un derecho: es un deber; todo ciudadano tiene la obligación de denunciar por todos los medios posibles la corrupción. Pero, además, el ejercicio de someter la legalidad torcida que hoy impera en el país permite evidenciar lo que no era hasta ahora evidente: no sólo no se cumplen las leyes, sino que las mismas han sido hechas de tal manera que lo legal nada tiene de legítimo.

            ¿Cómo es posible que la compra de votos esté tipificada como delito penal y que, sin embargo, no sea causal para anular la elección? ¡Una persona puede pasar años en la cárcel por incurrir en esta práctica, pero el “ganador” de una elección “ganada” a fuerza de la compra de votos puede ser Presidente! Es decir que el beneficiario directo de la comisión de un delito, considerado lo suficientemente grave como para ser sancionado con penas de prisión, no tiene nada que temer.

            Esta semana, el Tribunal Federal Electoral, no dijo lo que ya sabíamos: la compra de votos no es causal para anular la elección, es más, se guardó bien de decirlo; por el contrario, desestimó las pruebas presentadas y consideró que las tarjetas de supermercado con las que se pagó el voto de muchísimas personas son, nada menos y nada más, que “formas de publicidad válidas”. Con ello queda aún más claro que la elección presidencial en México es un asunto de consumo, de venta de productos donde lo que se elige no es un proyecto de Nación.

            El problema, como dije, es de fondo, cultural, y eso se nota en los argumentos que usan quienes descalifican a los movimientos que se están gestando en el país desde, por lo menos, 2006 (durante la consumación del anterior fraude); para ellos, lo que importa es lo legal, no lo legítimo, como si las leyes fueran mandatos divinos y no creaciones humanas que, como tales, pueden y deben modificarse tantas veces como sea necesario para hacerlas verdaderamente útiles para los ciudadanos. El problema no es legal, sino moral, de ética y de la necesidad urgente de construir en México una cultura distinta, una donde no sea cierto que “el que pega primero pega dos veces”, donde lo malo sí sea robar y no “que te cachen”, donde el justo sea el que no robó aunque el Arca estuviera abierta.

            Porque no se trata de una persona (Andrés Manuel López Obrador), sino de nosotros, los ciudadanos; porque no se trata de lo que es “normal”, sino de lo que queremos que sean las normas en nuestro país; porque no se trata de “saber perder”, sino de aprender a ganar. No podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de luchar. No dejaremos de reclamar, no dejaremos de marchar, no dejaremos de organizarnos para exigir lo que es digno exigir. Esta vez no hay vuelta de hoja: disculpen las molestias que nuestra lucha les ocasiona.

La Milagrosa.